Injusticia en Catalunya

INJUSTICIA EN CATALUNYA
LEY PROCESAL

Injusticia en Catalunya

El asunto de Ley Procesal es un poco complejo, pero es importante explicar la importancia de Ley Procesal para entender las acciones de los mencionados en esta web.

Para el ciudadano lego en derecho, no hay, en términos generales, diferencia entre Ley Procesal y Ley Material. Se percibe en una sentencia si se ha aplicado o no la ley al caso concreto, sin mayores predicamentos.

Pero para los expertos en derecho, sí se percibe esta diferencia y los Tribunales tienen la obligación de cumplirlas ambas.

Una explicación sencilla de Ley Material, sería aquella que obliga al ciudadano a realizar unos determinados actos, que sí no hace incumple la ley y es merecedor del reproche judicial pertinente. Ejemplo, no se puede robar ni cometer homicidio, no se puede traficar con drogas, deben cumplirse los contratos que uno firma, los trabajadores y empresarios deben cumplir con el Contrato de trabajo firmado o con las leyes que regulan esa relación contractual, no se puede casar un ciudadano si no tiene libertad de vínculo, esto es, si no es soltero, viudo o divorciado, etc. etc.

La Ley Procesal es la obligación que tienen los Juzgados y Tribunales, así como los ciudadanos que acuden a ellos por incumplimiento de la Ley Material, de observar una determinada conducta y no otra, por imperativo legal. por ejemplo han de presentarse las demandas o denuncias en unos plazos determinados desde que se ha incumplido el Contrato o se ha producido el supuesto hecho delictivo, interponer los recursos en los términos que marca la ley, acudir a los Juzgados cuando se les cita, etc. etc. Y los Juzgados y tribunales están obligados a su vez, a resolver estas peticiones conforme a esa Ley Procesal, notificación de las Resoluciones que recaigan y afectan a las partes. cuando un juez se tiene que abstener en una causa, cuando se puede recusar a un Juez, aperturar el plazo para prueba, admitirlas todas aquellas relacionadas con la petición del ciudadano y motivando las que no admitan, el porqué de lo resuelto, etc. etc. En una palabra, la Ley Procesal es la que controla el proceso judicial.

En esta web, se puede ver muchos ejemplos de presuntos incumplimientos de la Ley Procesal, porque teniendo en cuenta que el Juez o Tribunal dirige el proceso, es más fácil para obtener un resultado que interesa, contrario a las exigencias de la Administración de Justicia. Por ejemplo, si un Juez no permite pruebas directamente relacionadas con el asunto sin motivar el porqué de esa denegación, y luego dicta una Resolución desestimatoria de las pretensiones por cuanto no han quedado probado el resultado de dicho asunto judicial. Si se permite la prueba directamente relacionada con el objeto del pleito, tal como obliga la ley, es difícil por no decir imposible, una desestimación de la acción judicial interpuesta cuando consta dicha prueba. También, se puede preparar documentos falsos o encontrar testigos falsos para obtener un resultado que interesa, pero eso es más difícil y más peligroso al Juez, entonces al parecer prefieren incumplir la Ley Procesal.

Según Wikipedia:

Un tribunal bufo o un tribunal de pacotilla o una corte canguro es un procedimiento judicial que rechaza el debido proceso por razones de conveniencia; es un juicio injusto y fraudulento donde la decisión se ha tomado con anticipación, usualmente con el propósito de proporcionar una condena, ya sea mediante mociones de un proceso manipulado o impidiendo o negando la defensa.

Según Wikipedia:

Farsa judicial es una expresión utilizada para referirse a la situación en que, para disimular la intención de condenar a una persona en particular que resulta especialmente molesta para el poder establecido, y conferirle a dicha maniobra una apariencia de legalidad, se la somete a un juicio fraudulento, cuyo resultado final es previsible, y en el cual no se le confiere a la persona contra la que se entabla ninguna de las garantías propias de un debido proceso que le permitan obtener acceso a la justicia.

Estas situaciones son propias de aquellos sistemas judiciales en que no impera el estado de derecho, debido a que en estos se pone el énfasis en consideraciones ajenas a los derechos fundamentales. Sin embargo, aunque dentro de un estado de derecho puede resultar más difícil generar una farsa judicial, también se producen. En cierto sentido, situaciones como los "alegatos de pasillo" (es decir, las conversaciones privadas entre el juez y un abogado sobre un caso en que ambos están involucrados) o las presiones indebidas por parte del poder público o de grupos de poder hacia la judicatura, generan también posibles escenarios para montar una farsa judicial.

Por ejemplo, si se interesa en castigar alguien con lo mínimo de esfuerzo, abrir un asunto y cerrarlo con una sentencia no recurrible, y poner una multa de 1000€. No notifica las partes nada antes de la resolución final, ni decirles en cual juzgado está el asunto.

O, por ejemplo, si se interesa en dar validez a un contrato, acepta la palabra de una parte que está cumplido, y denegar las pruebas presentadas por la otra parte conforme no está cumplido.

O, por ejemplo, si hay un documento clave en un asunto penal, lo más fácil es no permitir preguntas sobre este documento durante la declaración del imputado, y luego se puede archivar por falta de pruebas.

O, por ejemplo, si no interesa que se recurra una sentencia, dejar un empleado del juzgado firmar la notificación en lugar del procurador de la parte y así se puede declarar la parte desierta después.

O, por ejemplo, si se interesa acabar un asunto lo antes posible, devolver los recursos sin procesar.

O, por ejemplo, si se interesa acabar un asunto lo antes posible en un asunto en la Audiencia Provincial, no se notifica laf echa de votación y fallo.

O, por ejemplo, si se interesa prolongar un asunto lo máximo posible, tarda meses en pedir el nombre del procurador, y luego no contestar ningún escrito.

LAS LEYES MÁS ABUSIDAS POR LOS PRESUNTOS TRIBUNALES BUFOS:

Obligación obedecer resoluciones judiciales firmes – Todo el mundo, incluyendo jueces, tienen que obedecer resoluciones judiciales firmes. Se encuentra esta obligación en: Arto 18 de la ley Orgánica del Poder Judicial, Arto 118 de la Constitución, Arto. 9.3 de la Carta Magna.

Obligación dar respuesta judicial a los escritos de las partes – Los jueces están obligados dar respuestas motivadas, sea afirmativo o negativo, a los escritos de las partes. Se encuentra esta obligación en: Arto. 11.3 de la Ley orgánica del Poder Judicial, arto. 24 de la Constitución, Arto. 312 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Arto. 120.3 de la Constitución y jurisprudencia del tribunal Constitucional.

Obligación de motivar la no admisión de pruebas – Los jueces están obligados motivar la denegación de pruebas propuestas por las partes. Se encuentra esta obligación en: Arto. 312 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Arto. 11.3 de la L.O.P.J

Obligación de denunciar delitos encontrados durante el proceso – Los jueces están obligados a investigar o bien a denunciar hechos supuestamente delictivos encontrados en el curso del proceso, con motivación. Se encuentra está obligación en: Arto. 777 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, Arto. 240. 2 de la Ley orgánica del Poder Judicial, arto 40 Enj Civil, arto. 24.2 de la CE

Obligación de suministrar un juez independiente y imparcial – Los jueces tienen que ser independientes e imparciales, o apartarles del asunto. Se halla implícita en el Arto. 24 de C.E., en concreto en el derecho a un proceso con todas las garantías, y también según doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras coincidentes STC 60/95 de 17 de marzo.

Obligación de apartarse del asunto cuando un juez o Tribunal está recusado – Los jueces deben de apartarse del asunto cuando están recusados por las partes. Se encuentra está obligación en: Artos. 223 a 225 de la Ley orgánica del Poder Judicial

Obligación de notificar las Resoluciones a las partes afectados o que les pueda parar perjuicio. Es obligación la notificación de todas las Resoluciones judiciales y Acuerdos a las partes a a quienes puedan estar ser afectados por el asunto. Se encuentra esta obligación en arto 24 de la Constitución.

Obligación de trabajar únicamente en asuntos donde tiene competencia – Los jueces tiene que ser competentes para conocer de un asunto. . Se encuentra esta obligación en arto 117 de la Constitución.


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